Sala ordena nuevo juicio para Omar Candía y otros implicados en compra irregular de cámaras de videovigilancia
La Sala de Extinción de Dominio que en adición de funciones, revisa caso de Corrupción de Funcionarios, anuló la sentencia condenatoria de 6 años de cárcel impuesta, en primera instancia, contra el alcalde Omar Candia Aguilar y otros implicados en el delito de colusión agravada y dispone la realización de un nuevo juicio oral.
Los jueces Max Rivera Dueñas, Orlando Abril Paredes y Percy Chalco Callo, consideraron que el juez de la causa, varió el título de la imputación presentada por el Ministerio Público de coautores del delito a autores mediatos en grupos organizados de poder.
El juez Orlando Abril Paredes, explicó que si bien es posible hacer la variación del título conforme a la actividad probatoria que se recibe en juicio oral; éste cambio, está condicionado a la obligatoriedad de anunciarlo a las partes con la finalidad de no vulnerar Art. 374 del Código Penal, relacionado al derecho de defensa que no puede transgredirse.
La variación del título de la imputación de coautor para los imputados Candia, Lipe y Díaz, tiene una connotación diferente en la autoría mediata, requiere de elementos especiales que tienen que ser analizados y debatidos; situación que no ocurrió, por lo cual no se puede validar la posición del juzgador de primera instancia, recalcó el magistrado al momento de explicar los principales fundamentos de la decisión del colegiado.
De esta manera, los acusados Omar Candia Aguilar, Juan Lipe Lizárraga, Reynaldo Díaz Chilo; además de los empresarios José Luis Ríos Sánchez y el consultor Sandro Constantino Martínez Sardó y la sucesión de Daniel Gómez Benavente, volverán a ser juzgados en el más corto plazo por la compra presuntamente irregular de 40 cámaras de videovigilancia valorizadas en 2 millones de soles en el año 2012 para el distrito de Alto Selva Alegre.
La decisión del colegiado superior, fue declarar fundada la apelación interpuesta por los acusados y declaran nula la sentencia del 6 de enero del 2020, emitida por el juzgado supraprovincial penal para casos de Corrupción de Funcionarios.