ANGR: Ya no se insistirá con el adelanto de elecciones
Recientemente la presidenta Dina Boluarte aseguró que el adelanto de elecciones ‘es un tema cerrado y se trabajará hasta julio del 2026’.
En enero del 2023 la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR) presentó una propuesta al presidente del Congreso, José Williams, para que el adelanto de elecciones generales se lleve a cabo a mediados del 2023. Dicha iniciativa fue llevada por el actual titular de la institución, Rohel Sánchez. Casi 5 meses después el presidente de la ANGR considera que este tema ya está cerrado, por lo tanto, no se insistirá más en el adelanto de elecciones.
«Ese tema ya está cerrado, no hay ningún tipo de pronunciamiento, desde la ANGR no hay ningún tipo de pronunciamientos. Reiteramos, a los gobernadores regionales nos han elegido para trabajar por el desarrollo de nuestras regiones y el bienestar de nuestra población y en eso estamos enfocados. »
señaló SANCHEZ
Presidenta de la república
El jueves 15 de junio, en una conferencia de prensa la presidenta Dina Boluarte manifestó que continuarán trabajando hasta el 2026. Pues para ella el tema del adelanto de elecciones ya está cerrado.
«Ese tema del adelanto de elecciones está cerrado, seguiremos trabajando de manera responsable, en respeto al Estado de derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio de 2026»
recalcó la presidenta.
Esta declaración la hizo durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno tras sostener una reunión con el Consejo de Ministros.
Promesas incumplidas
A inicios de este año la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) pidieron a la presidenta Dina Boluarte que exija al Congreso aprobar las reformas necesarias para que se concrete el adelanto de elecciones en el 2023.
Planteaban que “la presidenta de la República se comprometa a exigir al congreso de la República aprobar las reformas necesarias para que el adelanto de elecciones se ejecute en el año 2023, caso contrario evalúe la posibilidad de su renuncia.
Además, se pidió al Poder Ejecutivo que impulse una comisión investigadora independiente para determinar responsabilidades por la muerte de ciudadanos en las movilizaciones sociales.
“La comisión deberá estar constituida por organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, representantes de las iglesias, el Congreso y el ejecutivo”
subrayaron
