LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN EN EL PERÚ: UN DEBATE DE ENFOQUES ENTRE LA FISCALÍA, EL PODER JUDICIAL Y LA POLICÍA
Como ya se sabe el nivel de inseguridad en nuestro país ha crecido en estos últimos años, muchos de los peruanos lidian con el temor de ser víctimas de delincuentes. Según una encuesta por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 75% de ciudadanos se siente muy inseguro. Es por esto que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, invocó a las autoridades de la Fiscalía, Poder Judicial, Policía y a todo el sistema mayor severidad a una lucha frontal con la delincuencia, que es el principal problema del país.
Mientras que el exsubcomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Edgardo Garrido, sostiene que la lucha contra la criminalidad organizada requiere un enfoque multisectorial y que la Policía y el Ministerio Público no pueden hacerle frente solos; el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, invoca a estas instituciones a ejercer mayor severidad en su labor contra la delito. Según Garrido Lopez, para combatir el crimen organizado en nuestro país es necesaria también la participación del Ministerio de Economía con un presupuesto asignado que fortalezca el uso y abastecimiento de armamento y estrategias de comunicación en las sedes policiales a nivel nacional. Según sus declaraciones anteriores, la Policía cuenta con armamento obsoleto, carece de un sistema de intercomunicación eficiente entre las comisarías y gran parte de los vehículos policiales no están operativos. Por su parte, Arévalo Vela enfatiza la implementación de unidades de flagrancia por parte del Poder Judicial, con el objetivo de agilizar el juzgamiento de casos de delitos comunes, especialmente los relacionados con la delincuencia.
Las unidades de flagrancia, de acuerdo con la experiencia internacional, son sedes o edificios donde de forma conjunta operan de manera coordinada la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Defensoría Pública para tramitar procesos flagrantes en el menor tiempo posible. El actual presidente del Poder Judicial coincide con el exsubcomandante de la PNP, ya que precisa una revisión de la legislación penal y también un equipamiento adecuado a las entidades del sistema de justicia que permitan un correcto funcionamiento. Así mismo, hace un llamado a la prensa y medios de comunicación en general para que informen de manera precisa y responsable, donde actúen como voceros y denuncien de forma precisa jueces o fiscales que sean partícipes de presuntas irregularidades que afecten a la imagen institucional.
En este debate se ha evidenciado que actualmente no existe una política nacional que aborde puntualmente la criminalidad que existe en nuestro país, lo que representa un gran reto para el gobierno actual y los que estén al frente de esta problemática en adelante. Será trascendental reconocer que existen estrategias diferenciadas, pero también debe identificarse puntos comunes que sean transversales para establecer una estrategia que unifique labores de inteligencia con labores especializadas de investigación criminal a nivel de la policía en coordinación con el Ministerio Público y con todos los operadores del sistema judicial.
De acuerdo a lo mencionado, Edgardo Garrido critica la falta de apoyo e inversión por parte de los últimos gobiernos a la Policía Nacional, afirmando que se han desarticulado comandos y sistemas de inteligencia. Menciona específicamente al gobierno del expresidente Pedro Castillo, al que acusa de desmantelar el sistema de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas para su beneficio. Para puntualizar en el enfoque judicial, Arévalo subrayó la importancia de dotar de recursos a la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP), y dirigió un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que se preocupe por la situación de inseguridad ciudadana y tome acciones al respecto.
Estos dos puntos de vista presentan perspectivas diferentes sobre la lucha contra la criminalidad organizada en el Perú. Mientras que Garrido destaca la necesidad de un enfoque multisectorial y una mayor inversión en la Policía, Arévalo hace hincapié en la implementación de medidas dentro del sistema de justicia para enfrentar este desafío. Ambos enfoques buscan abordar el problema, pero desde distintas perspectivas y con énfasis en diferentes áreas de acción.
La unión de estos dos enfoques contribuirá a mantener la confianza en las instituciones y a fortalecer la lucha contra la delincuencia en el país. La autoridad también indicó que el Poder Judicial habilita en diversos distritos judiciales la unidad de flagrancia, permitiendo el juzgamiento con celeridad de casos por delitos comunes, especialmente los referidos a la delincuencia. Según Arevalo Vela, esta implementación responde a una necesidad para actuar sobre la demanda de combatir la inseguridad ciudadana. Por su parte la policía nacional del Perú se está enfocando en fortalecer la institución, por ende están conformando un grupo especial de 18 funcionarios y liderado por el jefe del gabinete de asesores del ministerio del interior. Las principales funciones del conjunto serán integrar propuestas, elaborar planes, programas, medidas de acciones destinadas a consolidar el proceso de fortalecimiento y modernización de la PNP.
