¿SON EQUITATIVOS LOS SUELDOS DE NUESTROS LEGISLADORES?
En una reciente encuesta realizada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C. (CPI), el 87% de los peruanos cree que los sueldos de los legisladores son excesivos en comparación con los ingresos promedio de la población. Este alto porcentaje pone en tela de juicio si la remuneración de nuestros representantes en el Congreso es realmente justa y razonable.
Según datos oficiales, cada congresista peruano recibe un sueldo mensual de 15,000 soles (aproximadamente $4,080dólares), además de otros S/7.617,20 soles semanales en gastos de representación, viáticos y seguros de vida. Esta cantidad supera ampliamente el ingreso promedio de una familia peruana, que según el INEI ronda los 1,600 soles mensuales.
Si bien es cierto que los legisladores tienen una gran responsabilidad y trabajan largas jornadas, también es innegable que existen numerosas profesiones de alto riesgo y complejidad que perciben ingresos sustancialmente menores. Pilotos (S/ 3,000 a S/ 5,000 mensuales), médicos( S/ 6,000 a S/ 12,000) bomberos (S/ 878 y S/ 2,939 ) y maestros (S/3.100 y S/4.134), por nombrar algunos ejemplos, desempeñan labores igualmente demandantes y esenciales para el país, sin recibir compensaciones tan cuantiosas como las de los congresistas.
Más allá de las cifras, lo que realmente preocupa a la ciudadanía es la percepción de que los altos salarios no se corresponden con un trabajo legislativo eficiente y orientado al bienestar común. En los últimos años, el Congreso ha estado envuelto en constantes pugnas políticas, parálisis legislativa y casos de corrupción que han mellado gravemente su credibilidad.
En una nación donde aún existen altos índices de pobreza y desigualdad, es comprensible que la población cuestione si el dinero destinado a los sueldos de los congresistas no podría ser mejor aprovechado para financiar áreas prioritarias como la salud, la educación y la lucha contra la inseguridad ciudadana.
No se trata de demonizar a los legisladores ni de promover una “caza de brujas”, sino de replantear si las compensaciones que reciben van acorde con las necesidades y las realidades del país. Un ajuste de sus remuneraciones a niveles más razonables podría contribuir a restablecer la confianza ciudadana en sus representantes y a canalizar mejor los recursos públicos hacia las verdaderas prioridades nacionales.
En última instancia, la decisión sobre los salarios de los congresistas debe tomarse con responsabilidad, transparencia y mirando siempre por el bien común. Los legisladores tienen la oportunidad de dar el ejemplo y demostrar que anteponen el servicio a la nación por encima de intereses personales o corporativos.
