REACTIVACIÓN DEL PROYECTO TÍA MARÍA DEPENDE DEL DIÁLOGO CON LA POBLACIÓN
El gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, ha subrayado que la reactivación del controvertido proyecto minero Tía María depende fundamentalmente del diálogo con la población local, a pesar de que el proyecto cuenta con todos los permisos necesarios para iniciar. En una reciente entrevista, Sánchez destacó la importancia de una revisión exhaustiva del impacto ambiental que el proyecto podría tener en la región.
Rohel Sánchez mencionó que el proyecto Tía María tiene todas las aprobaciones legales y regulatorias necesarias para comenzar sus operaciones. No obstante, enfatizó que el inicio del proyecto debe estar precedido por un diálogo sincero y abierto con la comunidad local. Sánchez insistió en que la empresa Southern Perú, responsable del proyecto, debe intensificar sus esfuerzos en el ámbito de la responsabilidad social para ganar la confianza de la población.
La empresa Southern Perú ha anunciado que no utilizará agua del mar para sus operaciones, es crucial evaluar cómo la actividad minera podría afectar el suministro de agua y, por ende, la agricultura en el Valle del Tambo. “La revisión del impacto ambiental es imprescindible, desde una manera minuciosa, por lo mismo de que muchas personas dependen del recurso hídrico de la región”, afirmó el regidor.
La falta de comunicación efectiva entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la población y Southern Perú ha sido uno de los principales obstáculos para el avance del proyecto. La empresa recientemente anunció la creación de una represa que abastecería al Valle del Tambo para mejorar la producción agrícola, pero sin un consenso con la población, este tipo de iniciativas no pueden avanzar.
En una entrevista para Canal N, Rohel Sánchez también abordó las complicaciones del proyecto de irrigación Majes – Siguas. Señaló que el estado incompleto del proyecto pone en riesgo miles de hectáreas de producción agrícola y ganadera, afectando a miles de personas. Además, tras varias adjudicaciones de contratos relacionados con la etapa II del proyecto, el Estado peruano debía encargarse del mantenimiento de los túneles de agua, lo cual no se ha realizado.
También debemos recordar que en el 2011, el proyecto fue suspendido tras fuertes protestas de la población local, que temía por el impacto ambiental y social que podría tener la mina en la región. Las manifestaciones resultaron en enfrentamientos con la policía, dejando varios heridos y fallecidos.
