EN EL CAOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN AREQUIPA
Cada mañana en Arequipa comienza con la misma escena. Buses repletos, combis que se disputan pasajeros, tráfico detenido y usuarios resignados a perder tiempo y dinero para llegar a su destino. El transporte público se ha convertido en una crisis cotidiana que ya no sorprende, pero que sigue profundizándose ante la falta de decisiones firmes y coordinación entre autoridades, operadores y el Estado.
El conflicto no es nuevo. El Sistema Integrado de Transporte fue presentado en 2019 como la solución para ordenar la ciudad, reducir accidentes y garantizar un servicio digno. Seis años después, el sistema continúa en etapa preoperativa y su promesa inicial se ha diluido. En lo que va del 2025, al menos quince unidades del sistema estuvieron involucradas en accidentes de tránsito, una cifra reconocida por el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera, quien admite que el transporte sigue siendo uno de los principales problemas urbanos.
La brecha entre oferta y demanda explica gran parte del desorden. Arequipa supera el millón setecientos mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero el sistema formal apenas cuenta con poco más de dos mil doscientas unidades operativas. Frente a esa insuficiencia, más de siete mil vehículos no regulados circulan diariamente, especialmente en pueblos jóvenes y zonas periféricas donde el sistema integrado no llega.
Desde el sector de transportistas, Víctor Mendoza, presidente del Frente de Defensa de Transportistas de Arequipa, sostiene que muchas de estas unidades hoy calificadas como informales fueron autorizadas en gestiones anteriores. Con la desaparición de empresas concesionarias, cientos de conductores quedaron en un limbo legal y operativo. Aseguran que no se oponen a la formalización, pero denuncian condiciones contractuales inviables que les exigen invertir en unidades nuevas para operar solo por periodos muy cortos.
El análisis técnico refuerza esta crítica. El especialista en transporte Elvis Young explica que las empresas del sistema integrado tienen rutas rígidas que no pueden ampliarse. El crecimiento urbano de Arequipa ha generado nuevas zonas habitadas sin cobertura formal. Ese vacío es ocupado inevitablemente por el transporte informal, que responde a la demanda real aunque lo haga fuera de la ley.
En el otro extremo, los transportistas formales también alzan la voz. Patricia Velázquez, representante de más de cuatrocientos conductores, advierte que la falta de fiscalización genera una competencia desigual. Mientras ellos mantienen un pasaje de un sol, el transporte informal cobra entre dos y tres soles. La amenaza de una paralización no es retórica. El malestar crece y el sistema sigue sin entrar en fase operativa.
La Municipalidad Provincial de Arequipa reconoce las deficiencias. Un diagnóstico de su Gerencia de Transportes identificó unidades antiguas, escasa fiscalización y congestión persistente. La gerenta Milagros Chirinos asegura que se trabaja para iniciar la fase operativa entre julio y agosto del próximo año, siempre que se cumplan requisitos técnicos como paraderos, flota completa y componente tecnológico.
Sin embargo, otros especialistas como Elvis Chiam advierten que el problema es más profundo. Aún faltan licitaciones clave, como el corredor central y el ente recaudador. Mientras eso no se concrete, el sistema no puede operar plenamente. Para el experto, la responsabilidad recae en el Estado y no en los privados, porque es la autoridad la que debe imponer reglas claras y sostenibles.
Los más afectados siguen siendo los ciudadanos con menos recursos. En distritos periféricos como Cerro Colorado alto, Sabandía o zonas alejadas de Paucarpata, movilizarse implica usar dos o tres unidades al día. El gasto diario puede triplicar el de quienes viven en zonas con cobertura formal. En una ciudad donde el transporte es un servicio básico, esta desigualdad golpea directamente la economía familiar.
La discusión ya no gira solo en torno a buses y rutas. Cada vez toma más fuerza la propuesta de crear una autoridad autónoma de transporte para Arequipa, similar a la existente en Lima y Callao. Un ente técnico, independiente de los vaivenes políticos, capaz de planificar, subsidiar pasajes y garantizar un sistema equitativo. Sin subsidios, advierten los especialistas, cualquier intento de mejora terminará trasladando el costo a los usuarios más pobres.
Arequipa no necesita más diagnósticos. Los datos existen, las responsabilidades están claras y las soluciones técnicas han sido planteadas. Lo que falta es decisión política y coordinación real. Mientras eso no ocurra, la ciudad seguirá avanzando cada mañana sobre ruedas rotas, atrapada en un sistema que no se mueve al ritmo de su crecimiento ni de las necesidades de su gente.
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