Obligatoriedad de la verificación biométrica para extranjeros busca Blindar el sistema, pero exige rigor logístico a las operadora
La reciente disposición de Osiptel, que obliga a los ciudadanos extranjeros a adquirir líneas móviles únicamente de forma presencial y bajo un estricto control biométrico con cotejo en la base de datos de Migraciones, marca un hito en la política de seguridad ciudadana en Perú. La medida, enmarcada en el estado de emergencia, es una respuesta directa y necesaria al escalamiento de delitos vinculados al uso irregular de teléfonos móviles, donde las líneas se activaban con documentos apócrifos o identidades que no figuraban en los registros oficiales.
El objetivo central de la Resolución n.º 000116-2025-CD/Osiptel es loable: establecer una trazabilidad irrefutable de los servicios móviles. Al exigir la verificación biométrica obligatoria y el cotejo con Migraciones, el regulador busca desmantelar una de las herramientas operativas clave del crimen organizado: la anonimidad telefónica. Este control actúa como un muro de contención contra la contratación fraudulenta, blindando el sistema de telecomunicaciones y ofreciendo a las fuerzas del orden una herramienta crucial para la investigación.
Sin embargo, toda medida de seguridad extrema conlleva desafíos. La norma recae ahora directamente en las operadoras, quienes deben rechazar la solicitud si los datos o la verificación fallan. El éxito de esta política dependerá enteramente de la eficiencia y la rigurosidad logística de los centros de atención. Si el proceso resulta engorroso o si existen fallas en la interoperabilidad de las bases de datos, se podría generar una barrera innecesaria para los ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación migratoria regular, afectando su derecho al acceso a un servicio esencial. La clave del éxito será, por tanto, balancear la urgencia de la seguridad con la necesidad de garantizar un acceso expedito y sin discriminación a quienes cumplen con la ley.
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