MUNICIPIO DE BUSTAMANTE Y RIVERO EVALÚA DEMOLICIÓN DE CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL POR IRREGULARIDADES E INVASIÓN DE TORRENTERA
Tras la nulidad judicial de sus licencias de construcción y el reciente aislamiento de estudiantes por huaicos, la comuna inició tres procesos sancionadores que podrían derivar en el retiro de la infraestructura
Arequipa. El conflicto legal y administrativo en torno a la sede de la Universidad Continental, ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, ha dado un giro determinante. La autoridad municipal informó el inicio de tres procesos sancionadores contra la casa de estudios debido a la ejecución de obras que carecerían de licencia de construcción y habilitación de vías vigente. Esta medida surge tras un fallo judicial que declaró nulas las autorizaciones otorgadas previamente, dejando al campus en una situación de irregularidad normativa que ahora faculta al municipio para evaluar la demolición de las estructuras observadas.
Uno de los puntos más críticos de la investigación administrativa se centra en la presunta invasión y estrechamiento del cauce de la torrentera Los Incas. Según las autoridades, la universidad habría ocupado áreas destinadas al flujo natural de aguas pluviales, lo que reduce la capacidad de respuesta de la quebrada ante fenómenos climáticos. Esta preocupación pasó de lo técnico a lo real durante la última temporada de lluvias, cuando el ingreso de un huaico inundó los accesos y dejó a un numeroso grupo de alumnos atrapados dentro de las instalaciones, generando una alerta de emergencia que movilizó a los cuerpos de rescate.
La municipalidad ha señalado que no solo se trata de una falta administrativa, sino de un riesgo directo contra la vida y la integridad de los estudiantes y vecinos de las zonas bajas del distrito. Por ello, se vienen realizando las pericias correspondientes para determinar la magnitud de la ocupación del cauce y el daño generado al sistema de drenaje natural de la ciudad. El proceso incluye la revisión de planos y la contrastación con los límites de propiedad establecidos en los registros públicos para formalizar la recuperación de las vías y terrenos del Estado que habrían sido vulnerados.
Finalmente, la gestión municipal advirtió que será rigurosa en el cumplimiento de las normas de desarrollo urbano y seguridad en defensa civil. Mientras el proceso sancionador avanza, la universidad podría enfrentar multas pecuniarias elevadas además de la orden de demolición de las áreas que obstruyen la torrentera. Las autoridades hicieron un llamado a las instituciones educativas para que cumplan estrictamente con las fajas marginales y las licencias correspondientes, evitando poner en riesgo a la población estudiantil bajo el pretexto de la expansión de infraestructura.
