Caso Edgar Alarcón queda en manos de la Permanente
Informe de la congresista Tocto contra el excontralor, por enriquecimiento ilícito, recibió la luz verde de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a pesar de los intentos de blindaje de las bancadas de Podemos Perú y Fuerza Popular.
La denuncia constitucional contra el congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), finalmente pasará a manos de la Comisión Permanente del Congreso, luego de que ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara el informe de la parlamentaria de Democracia Directa (DD) Felícita Tocto, el cual recomienda formalizar la investigación contra el excontralor por presunto enriquecimiento ilícito cuando dirigía la Contraloría General de la República entre los años 2016 y 2017.
El informe de Tocto recibió la venia de 11 congresistas en la subcomisión. Sin embargo, hubo tres legisladores que se opusieron al avance de la denuncia: Carlos Mesías, de Fuerza Popular; Carlos Almerí, de Podemos Perú; y la no agrupada Martha Chávez.
A ellos se sumaron la abstención del exvocero de Alianza para el Progreso (APP) Fernando Meléndez y las ausencias de los congresistas Javier Mendoza Marquina, de UPP; María Gallardo, de Podemos; y Guillermo Aliaga, de Somos Perú.
Durante la sesión de la subcomisión, los parlamentarios Almerí y Chávez alegaron que existía una arremetida orquestada contra Alarcón y que el expediente de Tocto apuntaba a inhabilitarlo de la función pública. “Esto es prácticamente una persecución (…) Me preocupa mucho que se esté avalando la tesis del Ministerio Público”, sostuvo el legislador de Podemos. “¿Dónde está probado que el señor Alarcón, cuando fue contralor, abusó de su cargo?”, dijo Chávez, sumándose al coro de los aliados de UPP.
Tocto tuvo que refutar la desinformación expresada por ambos y aclarar que sus recomendaciones se ciñen a lo que demanda la Fiscalía de la Nación: la habilitación para formalizar la indagación, pues como se trata de un presunto delito de función, Alarcón goza del antejuicio político y, por eso, se necesita que el Congreso apruebe la acusación constitucional.
Meléndez, por su parte, no precisó por qué se abstuvo. Su colega de APP y vicepresidenta de la subcomisión, Tania Rodas, sí apoyó el informe. Les faltó coordinación.
