VENTA DE PATRULLEROS PODRÍA ANULARSE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN
Un consorcio ganó el proceso de ventas de patrulleros al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) después de cambios en los requisitos, pero la adjudicación podría ser anulada debido a denuncias de falta de documentación.
La firma del contrato para la compra de 25 patrulleros por un valor de 6.1 millones de soles por parte del GRA se encuentra en una situación de incertidumbre. La entidad ha dado marcha atrás en su afirmación inicial de que el proceso de licitación fue transparente. El comité de selección, encabezado por David Sucapuca, ha indicado que están evaluando la posibilidad de anular la adjudicación al Consorcio Virgencita de Chapi (A&T SAC, AJV EIRL, Cárdenas SAC) debido a que no habría acreditado su experiencia de manera adecuada. El consorcio debía presentar una carta de conformidad de la Logística de la Policía, pero en su lugar envió la de Logística del GRA, relacionada con la compra de 9 patrulleros por 1.4 millones de soles en 2020.
El gerente general, Jesús Hinojosa, ha admitido que el comité reevaluó la adjudicación después de descubrir que los patrulleros estaban siendo equipados en los talleres de A&T SAC, pero sin un contrato formal. Hinojosa argumenta que este es un riesgo asumido por el consorcio. Además, ha habido otras denuncias relacionadas con el proceso. El presidente del Consejo Regional de Arequipa, Miguel Linares, ha solicitado al gobernador, Rohel Sánchez, que anule la subasta debido a irregularidades.
El Consorcio Virgencita de Chapi pudo acreditar su experiencia por un monto de 6 millones de soles gracias a cambios en los requisitos. Otro licitante (Gruppo Ambientale SAC) solicitó reducir el monto a 6 millones de soles o ampliar el rango de vehículos incluidos. El área usuaria aceptó la primera solicitud, pero la segunda fue aprobada al demostrar ventas de ambulancias. Esto permitió al Consorcio Virgencita de Chapi acreditar experiencia por un valor de 6.3 millones de soles. Sucapuca afirma que esto no implica un direccionamiento.
Se modificó el plazo de entrega de 15 a 20 días, a pesar de que otros licitantes solicitaron 45 días. Gruppo Ambientale señaló que era “imposible” cumplir con el plazo en su observación, pero Sucapuca negó que esta modificación fuera una restricción y que se otorgaron 5 días adicionales. El experto en contrataciones, Juan Fernando Mendoza, argumentó que este plazo no era razonable para la adquisición.
En la licitación se otorgó un plazo adicional de 40 días para la entrega de la placa de rodaje, tarjeta de propiedad y SOAT, lo cual entra en conflicto con el plazo de entrega del vehículo de 20 días.
Otra observación se refiere a la forma de pago, que ha experimentado modificaciones. Originalmente, el pago se realizaría al entregar los vehículos y su documentación. Sin embargo, ahora se realizará el pago únicamente al entregar los patrulleros. Linares también ha señalado la falta de una declaración jurada y la ausencia de acreditación de talleres, así como la falta de una red de concesionarios para el servicio postventa. En cuanto a la sobrevaloración, los funcionarios del GRA han explicado que el procedimiento se basó en el monto total de los patrulleros y no en piezas individuales.
