MOTOCICLETAS Y DRONES PARA LA POLICÍA DE AREQUIPA NO PUEDEN USARSE POR FALTA DE SOAT
LA FALTA DE TRÁMITES ESENCIALES RETRASA EL USO DE LOS NUEVOS EQUIPOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
El 25 de noviembre, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sanchez, encabezó un acto público en el que con gran despliegue mediático, entregó 24 motocicletas y drones a la Policía de la Dirección de Investigación criminal (Divincri) de la región, como parte de un esfuerzo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. El evento fue promovido como un hito importante para la mejora de la seguridad en Arequipa, y se destacó como una acción del Gobierno Regional destinada a dotar de Policías con equipos modernos para hacer frente a la creciente criminalidad en la zona.
Sin embargo, esta entrega de equipos no ha tenido el impacto esperado, ya que, a pesar de la presentación oficial, los vehículos no pueden ser utilizados en la práctica debido a la falta de documentación crucial para su circulación, como el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito). Esta situación ha generado frustración entre los efectivos de la Divincri, quienes no pueden aprovechar los recursos entregados debido a este inconveniente administrativo.
El Coronel Edward Vásquez, jefe de la Divincri, señaló que la falta de la documentación necesaria para el uso de las motocicletas y drones está pendiente de resolución, y que la responsabilidad de regularizar esta situación recae sobre el Gobierno Regional de Arequipa. Según Vásquez, esta demora ha impedido que los nuevos equipos sean operativos y se integren efectivamente en las actividades de patrullaje y vigilancia en la región.
A medida que la situación avanza, el Gobierno Regional de Arequipa ha quedado bajo presión para resolver este problema, y se espera que en las próximas semanas se subsanen los trámites administrativos para que las motocicletas y drones puedan ser utilizados en beneficio de la seguridad pública. Sin embargo, este retraso ha puesto de manifiesto las dificultades que enfrenta el gobierno local para implementar sus iniciativas de manera eficiente, lo que afecta directamente la percepción de los ciudadanos sobre la efectividad de las políticas de seguridad en la región.
