FISCALIZACIÓN ELECTORAL PARA LA RESTRICCIÓN DE CANDIDATOS CON ANTECEDENTES PENALES EN EL PERÚ

Reportaje | YH

Según la constitución política del Perú el artículo 34-A “las personas condenadas por delitos mayores a 4 años de prisión están impedidas a postular a cargos públicos, incluso si la sentencia no es firme” y según la ley orgánica de elecciones, esta establece los requisitos y prohibiciones para postularse a cargos de elección popular. Es decir que si una persona con antecedentes penales quiere postularse a un cargo de elección popular la JNE tiene que revisar su historial y si presenta cargos, su candidatura tiene que ser invalidada.  

En el año 2020 se aprobó la reforma constitucional que se aplicó para las elecciones del año 2021, El nuevo texto impide que cualquier persona que haya sido condenada en primera instancia como autor o cómplice de un delito doloso postule a cargos de elección popular y tampoco podrán ser designados en cargos de confianza para ejercer la función pública.

Daniel Urresti fue congresista durante el año 2020 a 2021 y ministro del interior en el gobierno de Ollanta Humala, su carrera política ha sido amplia y repetidamente ha intentado postular a la presidencia y a la alcaldía de Lima. En el año 2023 fue condenado a 12 años de prision por el asesinato del periodista Hugo Bustios en 1988. 

El caso de Daniel Urresti da que pensar pues ha pesar de estar en procesos judiciales desde el año 2009, participó y ejercicio cargos importantes, inclusive fue declaro inocente en el 2018 días antes de las elecciones municipales de Lima 2018 donde él era uno de los favoritos y años después en el 2023 recién se daría una sentencia condenatoria de 12 años.  

Este tipo de casos nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene la fiscalización constante de la JNE al momento de recibir las postulaciones de quienes probablemente serán en algún momento autoridades del país. 

Actualmente la JNE está teniendo una limitación en su poder por el panorama político actual de la mano del congreso. Lo cual nos muestra una realidad en la que un organismo tan importante que se encarga de seleccionar cuidadosamente quiénes pueden postular a cargos de elección popular, este ahora perdiendo su autonomía lo cual nos deja a nosotros como ciudadanos en una incertidumbre respecto a la manera en la cual los candidatos que están postulando efectivamente cumplen con los requisitos para poder representarnos. 

Arequipa es la segunda región con más pérdidas por corrupción por más de mil millones de soles en 2021. Los casos de corrupción en la región Arequipa, la han colocado en el segundo lugar a nivel nacional. El monto de pérdidas que se ha estimado durante el 2021 es de mil 126 millones 096 mil soles, de acuerdo al Índice CGR de Corrupción 2021 que la Contraloría General de la República emite cada año desde el 2019.

En los últimos años, se ha registrado un alarmante aumento en el número de funcionarios públicos condenados por corrupción en Perú. Según datos de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios (FECOF), en los últimos años fueron condenados 178 funcionarios, mientras que en 2021 fue de 1,212 y en 2022, de 1,540.

La corrupción también ha permeado la esfera local en Arequipa, donde tres ex alcaldes enfrentan acusaciones graves y se encuentran prófugos de la justicia. Omar Candia, Manuel Vera y Gilmar Luna son los ex burgomaestres implicados en procesos judiciales por corrupción y han sido sentenciados a prisión.

El último año ha sido especialmente desafiante en la lucha contra la corrupción en Arequipa. Dos casos emblemáticos, conocidos como «Los malditos de Chumbivilcas» y «Los Correcaminos del Sur», culminaron con la sorprendente liberación de todos los investigados antes de que pudieran ser llevados a juicio, arrojando una sombra de impunidad sobre los esfuerzos por combatir este flagelo.

En una entrevista con José Augusto Arce Paredes, docente de derecho y ciencias políticas en la Universidad Católica Santa María (UCSM), se abordaron importantes temas relacionados con la idoneidad de los candidatos en procesos electorales. Al ser consultado sobre el impacto de sentencias aún no definitivas en la elegibilidad para postular a cargos públicos, Arce Paredes destacó la importancia de mantener restricciones incluso durante procesos de apelación. Argumentó que esta medida preventiva es crucial para evitar posibles abusos y manipulaciones del sistema judicial con fines políticos, protegiendo así la integridad del proceso electoral.

En cuanto a la relación de esta disposición con la Ley Orgánica de Elecciones, Arce Paredes subrayó el papel fundamental del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la verificación del historial penal de los candidatos. Desde su perspectiva, esta ley fortalece el marco constitucional al garantizar que aquellos con antecedentes de delitos graves no puedan eludir la prohibición de postularse para cargos de elección popular. Esta medida, según el docente, contribuye a preservar la transparencia y la legitimidad del proceso democrático.

La restricción de la participación de individuos condenados por delitos graves es fundamental para preservar la integridad del sistema democrático en Perú. Esta medida protege la confianza pública en las instituciones y evita la erosión de la legitimidad del sistema electoral. Además, contribuye a la prevención de la corrupción, ya que los candidatos con antecedentes penales graves representan un riesgo significativo para la perpetuación de prácticas corruptas.

La promoción de la ética y la moralidad en la política es otra razón clave para esta restricción. Los servidores públicos deben ser modelos de conducta ética, y permitir la participación de personas con antecedentes delictivos graves envía un mensaje contradictorio sobre los estándares aceptables en la vida política.

Esta medida también cumple con las normas internacionales y las mejores prácticas recomendadas por organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que subrayan la importancia de prevenir la corrupción y promover la transparencia. Finalmente, responde a la demanda ciudadana de tener representantes honestos y con una conducta intachable, restaurando así la confianza pública en el proceso electoral y en los representantes electos.

La fiscalización rigurosa de los antecedentes penales de los candidatos por parte del JNE es esencial para garantizar la integridad del proceso electoral y la calidad de los representantes electos. La lucha contra la corrupción y la promoción de la ética en la política son desafíos urgentes que requieren un compromiso firme por parte de las autoridades y la sociedad peruana.