TC anula investigación y acusación contra Keiko Fujimori en el Caso Cócteles
El Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto la investigación y la acusación fiscal contra Keiko Fujimori en el denominado Caso Cócteles, al concluir que se vulneraron los principios de legalidad y tipicidad. Según el máximo intérprete de la Constitución, los hechos atribuidos a la lideresa de Fuerza Popular no estaban penalizados en el momento en que ocurrieron, y conformar un partido político no puede considerarse un comportamiento ilícito. Además, el tribunal cuestionó que el proceso se haya extendido por casi diez años sin una sentencia definitiva.
Antecedentes del caso
En marzo de 2016, la Fiscalía abrió una investigación contra Keiko Fujimori bajo el argumento de que los aportes recibidos para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 provenían de fuentes ilícitas. Desde entonces, la excandidata afrontó detención preliminar, dos prisiones preventivas, audiencias de control de acusación y un juicio oral que fue anulado, regresando el caso a fojas cero. A casi una década del inicio del proceso, Fujimori no ha recibido ninguna sentencia condenatoria.
El reciente fallo del TC, respaldado por los magistrados César Ochoa, Heder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández, anula las investigaciones fiscales y pone fin a uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años.
Cuestionamientos del TC a la Fiscalía
La Fiscalía había presentado en julio una nueva acusación contra Fujimori, solicitando 35 años de cárcel por los presuntos delitos de lavado de activos agravado en modalidad de organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. No obstante, el TC cuestionó que se aplicara el tipo penal de “receptación patrimonial”, incorporado al Código Penal recién en noviembre de 2016, cuando los hechos imputados ocurrieron antes de esa fecha.
“El juez no puede condenar en base a una norma jurídica que estaba derogada cuando ocurrieron los hechos o que entró en vigor con posterioridad”, señala la resolución. El colegiado agregó que, a pesar de hablarse de lavado de activos, la Fiscalía no demostró la supuesta ilicitud en el origen de los fondos. “Ni en el año 2011 ni en el 2016 eran conocidas las actividades ilícitas de la empresa Odebrecht, y no se ha investigado a otros aportantes de campañas políticas”, enfatizó el tribunal.
Respecto a la imputación de organización criminal, el TC subrayó que organizarse colectivamente para participar en elecciones a través de un partido político no puede considerarse delito. “La excesiva criminalización de las conductas genera el riesgo de atribuir a la jurisdicción penal el control político de la sociedad, abriendo la puerta al uso arbitrario del derecho penal con fines partidistas”, advirtió.
Duración excesiva del proceso
El Tribunal Constitucional también observó la prolongación injustificada del proceso, que lleva casi una década en trámite. “El proceso seguido contra Keiko Fujimori viene tramitándose por el espacio de casi diez años consecutivos, siendo incluso su estado actual el de reinicio de la etapa intermedia”, indica el fallo.
Si bien la defensa de Fujimori, encabezada por Giulliana Loza, no reclamó por el tiempo de duración, el TC consideró que la demora constituye una vulneración al derecho a un plazo razonable. “El proceso debe ser, por sobre todo, un instrumento de colaboración con la justicia y no un aliado de la arbitrariedad”, resalta el documento. El tribunal añadió que la acusada no incurrió en conductas dilatorias ni obstruccionistas, y que nunca eludió la acción de la justicia.
Reacciones políticas y legales
El fallo del TC generó diversas reacciones en el ámbito político. El congresista José Williams (Avanza País) rechazó las críticas sobre una presunta politización del Tribunal Constitucional. “No creo que sea una cuota del Congreso. La elección de los abogados del TC se hace de manera abierta y obedece a debates”, afirmó.
Por su parte, José Cueto (Honor y Democracia) consideró previsible la caída del caso. “Después de la pésima actuación de los fiscales, era de esperarse que esto se caiga”, señaló, lamentando además que se hayan destinado recursos públicos a un proceso finalmente archivado.
El penalista Rolando Bazán opinó que el fallo podría tener efectos en otros casos similares, como los de Ollanta Humala y Susana Villarán. “Si los hechos que se les imputan ocurrieron antes de 2019, y bajo la misma tipificación, esta resolución podría favorecerlos”, explicó. Sin embargo, precisó que, a diferencia de Fujimori, tanto Humala como Villarán ejercieron cargos públicos, lo que podría diferenciar sus situaciones jurídicas.
Bazán aclaró además que el fallo no declara inocente ni culpable a Fujimori, sino que determina la vulneración de derechos fundamentales. El TC dispuso que el Poder Judicial resuelva “dentro del más breve término” la situación jurídica de la lideresa de Fuerza Popular.
Pronunciamiento de Keiko Fujimori
Tras conocerse la resolución, Keiko Fujimori ofreció una conferencia de prensa acompañada de miembros de su partido, entre ellos Jaime Yoshiyama, Carmela Paucará, Micky Torres, Giulliana Loza y Luis Galarreta. “Hoy no vengo a celebrar un triunfo personal, sino a compartir reflexiones”, señaló al inicio.
“La ley debe ser más fuerte que el poder y la justicia más fuerte que los prejuicios”, afirmó, asegurando que durante más de diez años “se cruzaron líneas que nunca debieron haberse cruzado”. Fujimori sostuvo que el caso fue una muestra de “linchamiento político” y no de justicia. “Aquí estamos sin rencor y con la frente en alto, porque creemos en el debido proceso y no en el odio”, expresó.
Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular anunció que en los próximos días tomará una decisión sobre su posible candidatura presidencial para las elecciones generales de 2026.
