Cuando el uniforme cambió por carpa
La mañana del martes 4 de noviembre parecía una más en el Cercado de Arequipa. El tráfico avanzaba con su habitual lentitud por la avenida La Marina y el sol comenzaba a imponerse sobre las fachadas grises del centro de la ciudad. Nadie imaginaba que, detrás de una carpa multicolor instalada para el espectáculo, se desarrollaba una escena que pondría en entredicho la disciplina militar y el uso de recursos del Estado. Dentro del circo La Tarumba, no eran obreros ni técnicos civiles quienes desmontaban estructuras metálicas, sino soldados del Ejército del Perú, uniformados y en horario de servicio.
La intervención fue tan inesperada como contundente. Agentes de la Policía Anticorrupción y representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ingresaron al recinto tras recibir una denuncia verbal que alertaba sobre la presencia irregular de personal militar realizando labores privadas. Lo que encontraron fue a una patrulla completa: 29 efectivos, entre ellos 28 soldados y un técnico segundo, desmontando carpas y cargando estructuras como parte de la logística del circo. Al mando se encontraba el coronel Marco Antonio Quispe Astete, jefe del grupo, quien fue detenido en el lugar junto a sus subordinados.
El impacto fue inmediato. Testigos observaron con asombro cómo los militares, algunos incluso con indumentaria del circo, eran retirados del recinto mientras se confirmaba que habían llegado en vehículos oficiales. La escena contrastaba con la imagen institucional que el Ejército busca proyectar: orden, disciplina y servicio a la nación. En cuestión de minutos, el caso ya se había convertido en un escándalo público, alimentado por la pregunta inevitable: ¿cómo y por qué personal armado del Estado terminó trabajando para un espectáculo privado?
Las primeras indagaciones apuntaron a una orden directa. Según la Policía Anticorrupción, el coronel Quispe Astete habría dispuesto la movilización del personal desde el Cuartel Mariano Bustamante, mientras que el técnico segundo Justo Palomino Quispe habría coordinado el traslado y la ejecución de las tareas. La Fiscalía inició diligencias inmediatas para establecer si existió algún tipo de beneficio económico, acuerdo irregular o uso indebido de recursos públicos, un delito que, de confirmarse, podría acarrear consecuencias penales y administrativas.
Horas después, el Ejército del Perú emitió un comunicado oficial. En él, la Tercera División del Ejército confirmó que los efectivos pertenecían al Servicio Militar Voluntario de la Tercera Brigada de Servicios y anunció la apertura de una investigación disciplinaria a través de la Inspectoría General, conforme a la Ley N.º 29131, que regula el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. El pronunciamiento buscó marcar distancia institucional de los hechos y reafirmar el compromiso con la legalidad, asegurando colaboración plena con el Ministerio Público y la Policía.
Sin embargo, para la opinión pública arequipeña, el daño ya estaba hecho. El caso no solo expuso una presunta irregularidad puntual, sino que reavivó viejas dudas sobre el control interno en las instituciones armadas y la delgada línea entre autoridad y abuso de poder. La indignación creció al recordarse antecedentes recientes. En junio pasado, en Madre de Dios, dos soldados fueron captados en video sosteniendo fajos de billetes durante un operativo contra la minería ilegal en La Pampa, una de las zonas más golpeadas por la explotación aurífera informal. Las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales, mostraban a un militar intentando ocultar el dinero y arrojándolo al suelo ante la presión de los pobladores y la llegada de la fiscal.
En ese caso, la Fiscalía Anticorrupción formalizó la investigación y el propio Ejército reconoció la intervención de sus miembros, anunciando sanciones. La coincidencia entre ambos episodios alimentó una percepción preocupante: la reiteración de conductas que comprometen la credibilidad de una institución clave para la seguridad y el orden del país. En Arequipa, el silencio inicial del circo fue seguido por una disposición a colaborar con las autoridades, mientras los militares permanecían bajo custodia policial a la espera de las conclusiones fiscales.
Más allá de las responsabilidades individuales, el episodio dejó una imagen difícil de borrar: soldados que deberían estar cumpliendo funciones de defensa nacional desmontando una carpa de circo, en pleno horario laboral, a plena luz del día. Para muchos ciudadanos, no se trató solo de un presunto delito de corrupción, sino de una señal de alarma sobre el uso del poder y la necesidad de controles más estrictos. En una ciudad acostumbrada a exigir rendición de cuentas, el caso abrió una herida institucional que solo podrá cerrarse con sanciones claras, transparencia y una reforma que garantice que el uniforme nunca vuelva a confundirse con un disfraz de espectáculo.
