CRIMEN ORGANIZADO DESBORDA LIMA Y CALLAO: 56 CHOFERES ASESINADOS Y 30 MIL EXTORSIONES EN 2025
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reportó que, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025, 56 choferes fueron asesinados en Lima Metropolitana y el Callao. La mayoría de los ataques fueron perpetrados por sicarios en motocicleta, modalidad que ya representa ocho de cada diez atentados contra conductores del transporte público. Los homicidios están estrechamente vinculados al incremento de las extorsiones, delito que afecta a miles de trabajadores del sector.
De acuerdo con el Ministerio Público, el país registra una denuncia por extorsión cada 20 minutos, lo que equivale a 76 casos diarios. Solo entre enero y octubre, el SIDPOL-PNP contabilizó 23.213 denuncias, un aumento del 27,4% respecto al 2024. Lima Norte y Lima Sur encabezan la lista de zonas más afectadas, seguidas por el Callao, Junín, Lambayeque, Arequipa, Loreto y Cusco. En paralelo, los robos y hurtos suman 40.125 casos en el mismo período.
El 2025 marcó un punto crítico de violencia. Según las estadísticas del Ministerio Público, septiembre fue el mes más sangriento, con 31 asesinatos de transportistas, seguido por octubre con 18 víctimas. En los primeros días de noviembre ya se reportaba un nuevo caso, reflejando una escalada criminal sin precedentes. Expertos sostienen que la inseguridad se ha expandido debido al fortalecimiento del crimen organizado y a la falta de estrategias efectivas del Estado.
José Saavedra Molina, presidente de Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latam), sostuvo que el Gobierno de Dina Boluarte no implementó un plan integral de seguridad. “Revisando las cifras, observamos que no se priorizó la inteligencia territorial para ubicar y desarticular bandas criminales que operan en el transporte público”, advirtió. La ausencia de acciones preventivas y de coordinación interinstitucional ha permitido que las mafias amplíen su control en las principales rutas urbanas.
Pese al volumen de denuncias, las penas efectivas por extorsión son mínimas. Entre enero y julio de 2025, el INPE reportó solo 295 ingresos a penales por este delito, y de ellos, apenas 11 personas tienen sentencia firme, es decir, menos del 4%. El especialista en seguridad ciudadana Stefano Corzo señaló que “no basta con detener a los extorsionadores si terminan libres por procesos mal estructurados”. Entre 2022 y 2025, más de 84 mil denuncias se han acumulado, pero solo 363 extorsionadores fueron encarcelados, lo que representa una impunidad estructural del 99,6%.
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza criticó la ineficiencia del sistema penitenciario. Según el exfuncionario, los cabecillas de organizaciones criminales continúan operando desde las prisiones. Actualmente, 1.390 personas están recluidas por extorsión, de las cuales el 54% no tiene sentencia. Pedraza señaló que “de nada sirve encerrar a los delincuentes si el Estado no combate la criminalidad dentro de los penales”. El analista Juan Carbajal recordó que ningún día del 2025 ha pasado sin registrar un homicidio en el país.
Las mafias exigen hasta S/15.000 por unidad de transporte, principalmente a empresas de buses y colectivos. La Libertad, Los Olivos, Ate y Villa El Salvador figuran entre las zonas más castigadas por las extorsiones. En tanto, los robos y asaltos siguen siendo el delito más frecuente en el país. Con más de 40 mil denuncias, Lima Norte y Sur concentran la mayoría de los casos. Los expertos advierten que, sin una reforma profunda en seguridad, el 2025 cerrará como el año más violento de la última década.
