DELIA ESPINOZA ANUNCIA ACCIÓN DE AMPARO TRAS SER INHABILITADA POR EL CONGRESO
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que presentará una acción de amparo para revertir la inhabilitación de 10 años que el Congreso de la República le impuso recientemente. La medida legislativa la apartó de sus funciones por presuntamente haber participado en la publicación de un reglamento que contravenía la Ley 32130, norma que otorgaba a la Policía Nacional la facultad de liderar investigaciones preliminares. Espinoza busca recuperar su cargo y sostiene que su sanción vulnera derechos constitucionales.
La fiscal suprema afirmó que el Parlamento configuró un proceso marcado por el incumplimiento de garantías como el debido proceso y el derecho a la defensa. Recordó que, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se cortó la transmisión que debía ser pública mientras su entonces abogado, Samuel Abad, exponía argumentos en su defensa. “Esto amerita una acción de amparo. A pesar de los atropellos, volveré”, manifestó, criticando además que no se valoraron pruebas documentales que acreditarían que no participó en la elaboración del reglamento cuestionado.
Espinoza ha sostenido que la Resolución N.° 2246-2024-MP-FN, usada como sustento de la acusación, no contiene su firma y que la responsabilidad recae exclusivamente en el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Aunque la denuncia también incluía a Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, solo ella fue inhabilitada, pues no se alcanzaron los votos necesarios para sancionar a los otros fiscales. Según Espinoza, esta decisión “busca enviar un mensaje a los funcionarios del país: o te sometes o te vas”.
Su abogado, Rodolfo Pérez, advirtió que el trámite de la acción de amparo podría extenderse durante varios meses debido a modificaciones aprobadas por el Congreso en octubre de 2024. Con la Ley 32153, las demandas contra el Parlamento deben resolverse en dos instancias dentro de la Corte Suprema, lo que impediría el retorno de Espinoza al Ministerio Público hasta que el proceso concluya en su totalidad. Pérez calificó esta reforma como una maniobra destinada a evitar el control ciudadano sobre las decisiones legislativas.
El abogado también criticó duramente la decisión del Congreso, tildándola de “antijurídica” y sin sustento legal. Señaló que algunos legisladores no supieron justificar la sanción e incluso habrían reconocido motivaciones políticas. “No puede ser inhabilitada por hacer su trabajo”, expresó, asegurando que, de ser necesario, recurrirán a instancias internacionales si no se respeta el debido proceso. Mientras tanto, el caso abre un nuevo capítulo de tensión entre el Ministerio Público y el Parlamento en medio de un clima de creciente deterioro institucional.
