Autodema habría pagado de más a supervisora de proyecto Majes Siguas II con más de 2 millones de soles
Según el informe de la Auditoría General, el Organismo Autónomo de Majes (Autodema) generó pérdidas financieras por US$2.114.000 al Estado por los pagos adicionales realizados al director profesional del proyecto Majes Siguas II.
Según el informe de la unidad, la firma reguladora Majes II, integrada por Nippon Koei y Nippon Koei Latin America, recaudó la millonaria suma tras firmar dos adendas a los pagos antes mencionados. Producto de esta pérdida económica, la Contraloría ha identificado a 11 exdirectivos y exfuncionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) de 2015 a 2018 por posibles responsabilidades civiles y administrativas; y el gobierno actual.
Cabe mencionar que las obras del proyecto se encuentran suspendidas por el momento, ya que la concesionaria Cobra espera continuar con la demora hasta 2023. El informe de auditoría establece que el gerente profesional Majes firmó un contrato de 42 meses para el evento el 23 de diciembre de 2015. Su recompensa financiera se fijó en $ 11,495,000. Cuando acababan de transcurrir los 36 meses del contrato, el supervisor profesional y Autodema firmaron durante dos minutos y en consecuencia confirmaron el alcance adicional de su actividad.
Según el controlador, las actividades estaban estipuladas en el contrato, que fue en el período del 31 de enero al 31 de diciembre de 2018. Para oficializar el acta de la reunión, las partes firmaron una adenda comprometiéndose a pagar a la empresa entre $2 millones y $064.000 en cuatro cuotas. Esa cifra ha sido pagada en tres cuotas, quedando pendiente una cuarta cuota de $382,564, según la Contraloría. Este no es el único archivo adjunto. Otro contrato se firmó el 13 de enero de 2020 para pagar $433,154 por actividades por un período de 67 días del 14 de enero al 20 de marzo de 2020. El pago se realizó el 26 de mayo del presente año. En opinión de la oficina de control, los pagos se realizaron incluso si las actividades relacionadas con ellos estaban previstas en el contrato.
Otra observación es que el contrato de concesión fue redactado y aprobado por una agencia de promoción de la inversión privada y no estaba respaldado por un plazo para la entrega de terrenos al concesionario. La GRA estuvo de acuerdo pero no confirmó el estado de las propiedades.
