LA CORRUPCIÓN EN AREQUIPA: UN PROBLEMA PERSISTENTE
La corrupción en Arequipa es un fenómeno social que no solo afecta el funcionamiento del gobierno regional, provincial y distrital, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por el estado de derecho. Este problema, que parece crecer año tras año, involucra a funcionarios públicos de distintos niveles y revela una incapacidad estructural para combatirlo de manera efectiva.
Incremento de casos y un sistema judicial limitado
Según el índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, Arequipa ocupa el segundo lugar a nivel nacional en riesgo de inconducta funcional y presuntos delitos contra la administración pública, con un puntaje de 70.2 puntos, solo superada por Junín (71.6). En el ámbito local, la Municipalidad Distrital de Uchumayo destaca como la entidad con mayor corrupción (95%) e inconducta funcional (70%), seguida de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, ambas con cifras alarmantes.
Las investigaciones fiscales sobre corrupción, en los últimos tiempos, que incluyen a exautoridades como Yamila Osorio y Elmer Cáceres Llica, así como al actual gobernador Rohel Sánchez, además de varios alcaldes y exalcaldes. Sin embargo, estas investigaciones se acumulan y el sistema judicial carece de recursos para procesar más de 200 casos pendientes. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. César Augusto de la Cuba Chirinos, destaca que la falta de presupuesto y personal dificulta resolver esta carga procesal.
Menciona que los jueces en Arequipa estan con el mismo presupuesto y personal insuficiente, lo que nos obliga a recurrir a medidas ingeniosas para afrontar la alta carga procesal. y que necesitan más juzgados, pero la implementación de cada uno cuesta 1.5 millones anuales aproximadamente, y no cuentan con recursos adicionales para 2025,” señala De la Cuba Chirinos. Además, recalca que el presupuesto judicial debe priorizarse al nivel de sectores como educación y salud, dada su importancia para el funcionamiento de una sociedad.
Fiscalía anticorrupción: Entre la sobrecarga documental y la falta de recursos
La fiscalía anticorrupción enfrenta una situación similar. Arturo Valencia Paiva, fiscal provincial anticorrupción, describe cómo la sobrecarga documental y la falta de espacio y personal obstaculizan el avance de las investigaciones. “Las carpetas de corrupción de funcionarios son voluminosas, a veces superan los 100 tomos. Necesitamos más presupuesto para contratar personal y mejorar las condiciones de trabajo”, menciona.
Valencia también criticó la ley aprobada por el Congreso que exige la presencia de un abogado público para realizar allanamientos, lo que retrasa las investigaciones. Mencionó que un inicio las diligencias eran complicadas, ya que al momento de hacerlas el Ministerio de Justicia no tenia el protocolo para garantizar los abogados públicos para los involucrados. Así también, le preocupa las iniciativas de los legisladores que lejos de que ayuden en la lucha contra la corrupción, las perjudican..
Percepción ciudadana: Desconfianza y escepticismo
El Observatorio Ceplan indica que la percepción ciudadana sobre la corrupción en Arequipa ha crecido significativamente en la última década. Aunque en 2023 hubo una leve mejora con un 56.4%, sigue siendo una de las más altas en los últimos años. Además, la iniciativa «Comunidad en Marcha» revela que solo el 1.3% de las acciones contra la corrupción en la región son consideradas viables por los ciudadanos.
Este escepticismo se alimenta por casos de alto perfil que involucran a figuras políticas prominentes y que a menudo terminan en largos procesos judiciales sin resoluciones claras. La acumulación de casos y la falta de sentencias generan una sensación de impunidad, lo que debilita aún más la confianza en el sistema judicial.
El fiscal Arturo Valencia enfatiza la necesidad de invertir en prevención y educación para combatir la corrupción de raíz. El investigador de hechos delictivos menciona que el derecho penal llega después de que el delito se ha consumado; por lo que es esencial promover una cultura de transparencia desde la educación para reducir el número de casos que llegan al sistema judicial.
La corrupción en Arequipa es un problema estructural que requiere soluciones integrales y sostenibles. Sin una inversión significativa en el sistema judicial, la fiscalía y la educación, la región continuará siendo víctima de un sistema corroído por malas prácticas en la administración pública. Es momento de que el gobierno y las instituciones pertinentes tomen medidas decisivas para garantizar un futuro más transparente y justo para todos los arequipeños.
Por: Christian Ronaldo Ccahua Suni
