Delia Espinoza deberá ser restituida como fiscal de la Nación en un plazo de dos días
El Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reponga a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación en un máximo de dos días. Según la resolución emitida por el Noveno Juzgado Constitucional, la JNJ no cumplió correctamente con la medida cautelar que disponía su restitución inmediata como titular del Ministerio Público, así como la suspensión total del proceso disciplinario que motivó su suspensión preventiva.
En el documento judicial se precisa: “Se ordena a la entidad emplazada, la Junta Nacional de Justicia, que reponga a doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación dentro de los dos días siguientes a la notificación de la presente resolución, a fin de que continúe ejerciendo sus funciones conforme a la Constitución Política del Estado”. La resolución, firmada por el juez Juan Torres Tasso, señala que los cuatro cargos formulados contra Espinoza derivan directamente del artículo 3 de la resolución 231-2025-JNJ, cuya ejecución ya había sido suspendida.
Asimismo, el juez aclaró que la Junta Nacional de Justicia interpretó de manera errónea el alcance de la decisión judicial, al no haber cumplido plenamente con la orden de reponer a Espinoza en el cargo. “Se exhorta a la institución emplazada a que cumpla con los deberes propios a la debida conducta procesal de las partes en el presente proceso”, enfatiza el documento, advirtiendo sobre la obligación de acatar las resoluciones judiciales sin dilaciones.
El abogado de Espinoza, Luciano López, afirmó que solicitarán una aclaración al juzgado para precisar que la restitución de su defendida no requiere de un oficio adicional por parte de la JNJ. “La Junta Nacional de Justicia le sacó la vuelta a la orden judicial, y el juez está poniendo los puntos sobre las íes. Está recordando que las resoluciones judiciales se cumplen sin titubeos y sin discusiones”, declaró López a Canal N.
Cabe recordar que el pasado 22 de octubre, la JNJ, presidida por Gino Ríos Patio, se negó a reincorporar a Espinoza, argumentando que no tenía competencias para restituirla como fiscal de la Nación, pese a la anulación de su sanción. La suspensión se sustentaba en cuatro presuntos actos irregulares, entre ellos no reponer a Patricia Benavides y continuar ejerciendo el cargo de forma ilegal. Sin embargo, el Poder Judicial precisó que la medida cautelar abarcaba todos los cargos y no solo uno de ellos, como interpretó la Junta.
Tras el desacato, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso el retiro de los vehículos oficiales asignados a Espinoza, pese a que un informe jurídico del Ministerio Público recomendó mantenerlos por razones de seguridad. Dicho documento subrayaba que, conforme a las normas vigentes, la Fiscalía debía garantizar el apoyo logístico y vehicular a las autoridades con protección policial, mientras estuviera vigente la medida cautelar a favor de la magistrada.
